Sufrimos sistemáticamente “corrupción e impunidad activa”.
Cristina apenas supo
de la novedad del allanamiento a la sede de la empresa que administra sus
Hoteles, se subió a un avión rumbo a El Calafate, “su lugar en el mundo”; estaba
en reposo por el episodio de la “sigmoiditis” que la tuvo internada en el “Sanatorio
Otamendi y Miroli Sa”. Trascendió desde
la Rosada, que Cristina tiene información de que un grupo de Jueces Federales,
redoblarían en los próximos meses la velocidad de sus investigaciones contra ella
y sus funcionarios, lo que habría provocado una crisis en la Primer Mandataria.
Creería que
estos allanamientos ordenados por una denuncia que lleva apenas unos días, indicarían
que hay algo en su contra, ya que es extraño que Cristina se altere tanto por
pesquisas judiciales, ya que el avance del Gobierno estos últimos meses con las
reformas al Código Civil y al Código Procesal Penal, le otorgarían amplia protección
por este tipo de imputaciones. También que la Justicia Suiza realizara su
propia investigación sin necesidad de una sentencia previa, y confiscara alrededor
de quince millones de dólares en cuentas pertenecientes a una Fundación del
empresario “amigo del poder” Lazaro Báez, habría hecho lo propio.
Entre “operaciones”
y “contraoperaciones”, siguió la embestida del Gobierno Nacional en torno a la
Justicia. El viernes pasado el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat,
abogado personal de la titular de la “Fundación Madres de Plaza de Mayo” Hebe
de Bonafini, denunció por “sedición” a los Senadores Nacionales Juan Carlos
Romero, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando Solanas, Gabriela Michetti,
Ernesto Sanz y Luis Juez; donde los acusa de negarse a tratar la designación del
nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los Jueces y
Fiscales que se atreven con sus investigaciones al Poder, son el Juez Federal
Rodolfo Canicoba Corral, el Fiscal Guillermo Marijuan y el Fiscal Cesar Augusto
Troncoso, en el marco de la investigación a la Procuración General de la Nación
por supuesto espionaje a Fiscales. La Jueza Federal María Romilda Servini de
Cubria, y el Fiscal Eduardo Taino por la investigación en el “Tráfico de
Efedrina” y en “Fútbol para Todos”. El Juez Federal Claudio Bonadío y el Fiscal
Carlos Stornelli, por la investigación y allanamiento a “Hotesur SA”; por
mencionar algunos de los más importantes.
Veamos de qué se tratan las
denuncias a “Hotelur SA”, “Espionaje a Fiscales”, “Tráfico de Efedrina”, “Fútbol
para Todos” y a Senadores Nacionales por “Sedición”.
-“Hotelsur SA”- El Juez Federal Claudio Bonadío y el Fiscal
Carlos Stornelli llevan adelante la investigación de los Hoteles de Cristina,
lo que provocó distintas reacciones de funcionarios públicos, y en algún caso
como la que instó Luis D’Elia, absolutamente repudiable, al decir en su cuenta
de Twitter, "Debemos dejar clavada en una pica la cabeza de Bonadío, en la
vereda de Comodoro Py”. Estos días el Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich,
había hablado de un "golpismo activo" del Poder Judicial. "Destitución
ya" también apuntó el piquetero como latiguillo a tono con la postura
oficial, pidió decirle "no al golpe de la mafia judicial”.
Es un
intento del ex funcionario kirchnerista, para fortalecer las declaraciones que
hizo ayer el jefe de Gabinete Jorge Capitanich contra la pesquisa judicial
sobre el patrimonio de la Presidente Cristina Kirchner, en particular, a la investigación
y el allanamiento a
“Hotesur SA”, una empresa hotelera de la Presidente investigada por no presentar balances y por supuestas contrataciones ficticias, que podrían implicar el delito de lavado de dinero y que consisten en que el empresario Lazaro Báez reservó y pagó en el Hotel “Alto Calafate” -uno de los tres de la mencionada empresa- más de un millar de habitaciones que nunca se ocuparon entre 2010 y 2011, por un monto de varios millones de pesos. El activista y “barra brava oficialista” fue más allá, calificándolos de “mafia” y de buscar un supuesto “golpe destituyente”.
“Hotesur SA”, una empresa hotelera de la Presidente investigada por no presentar balances y por supuestas contrataciones ficticias, que podrían implicar el delito de lavado de dinero y que consisten en que el empresario Lazaro Báez reservó y pagó en el Hotel “Alto Calafate” -uno de los tres de la mencionada empresa- más de un millar de habitaciones que nunca se ocuparon entre 2010 y 2011, por un monto de varios millones de pesos. El activista y “barra brava oficialista” fue más allá, calificándolos de “mafia” y de buscar un supuesto “golpe destituyente”.
El Gobierno “convencido”
de que hay Jueces y Fiscales que tienen lazos políticos con la oposición, acusó
a la Justicia de llevar adelante una " estrategia de golpismo activo"
por allanar una firma que le atribuyen a Cristina. Capitanich fue el primero en defenderla, la instrucción
presidencial en un intento de politizar las causas judiciales que pudieren
afectar a Cristina siguió con el Ministro de Defensa Agustín Rossi, quien sostuvo
que “es inexplicable y no tiene razón de ser, está asociada a una fuerte
propagandización por parte de los medios de comunicación opositores”; siguió con la participación del Presidente de
la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que dijo “el propósito perseguido
es dañar la investidura de la Presidenta y bastardear la opinión pública” ; la
Presidente del bloque de Diputados del FPV Juliana Di Tullio, hizo lo propio al
decir “la oposición recurre a sus Jueces para intentar voltear a Cristina”; el
Gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri lo refirió “como un apriete liso y
llano”, en tanto que el Diputado kirchnerista Edgardo Depetri mas llanamente
cruzó con un “armaron esta operación infame y mentirosa para ensuciar la figura
de Cristina”; el Senador Nacional por Santa Cruz Pablo González, completa la disposición
presidencial diciendo “hay Fiscales y Jueces a los que les gusta mediatizar sus
decisiones y son funcionales a las corporaciones o sectores que están en contra
del gobierno”.
-“Espionaje a Fiscales”- El Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, ordenó
procedimientos en la Procuración General de la Nación cuya titular es
Alejandra Gils Carbó. La diligencia fue ordenada por pedido del Fiscal Guillermo
Marijuan, donde se realizó un allanamiento con personal de la Policía Federal
en la Sede de Belgrano al 900, por supuesto espionaje a Fiscales, iniciando la
causa la denuncia del Fiscal Cesar Augusto Troncoso a Romina Pzellinsky,
funcionaria vinculada a Gils Carbó; el supuesto espionaje habría sido sobre dos
dictámenes, uno radicado en la Fiscalía 5 y otro en la 23, las dos a cargo del
Fiscal Troncoso.
Romina Pzellinsky, según la denuncia, "abusó
de las funciones propias de su cargo" ya que no estaba autorizada a
acceder al sistema FISCALNET -pone en red a todos los Fiscales-, ni a obtener
copias de los dictámenes. "No descarto que el acceso haya sido más amplio
e involucre y perjudique a otras dependencias, tanto Fiscalías Nacionales de
instrucción como Fiscalías Federales", dijo el Fiscal Troncoso en su
denuncia.
-“Trafico de
Efedrina”- La Jueza Federal María Servini de Cubria, citó a declaración indagatoria a los hermanos Miguel y Máximo Zacarías, el
11 de diciembre y el 17 del mismo mes respectivamente, ambos ex funcionarios
del Gobierno Nacional; en la causa que se investiga el trafico de efedrina, en
la que está procesado el ex titular del SEDRONAR (Secretaria de programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) Ramón
Granero.
Ramón Granero es oriundo de Santa Cruz y era hombre
de suma confianza del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner, había sido también
en su gestión Director del PAMI y Director de ENARSA, cargo al que renunció al ser procesado en esta causa. Miguel Zacarías fue secretario de
Granero y Máximo Zacarías fue Jefe de ceremonial del PAMI.
Uno de los lideres de “La Campora”, el Diputado
Nacional Eduardo “Wado” de Pedro, apareció fotografiado esta semana pasada en
un acto en la provincia de Santa Cruz con Miguel Zacarías, lo que obligó a de Pedro a brindar explicaciones públicas.
-“Fútbol para Todos”- La Jueza
Federal Servini de Cubria también intervino en esta causa, donde ordenó allanar 25 Clubes de Fútbol de Primera A y de la B Nacional.
Es por el reparto de millones de Pesos que la Jefatura de Gabinete de Ministros
paga desde 2009 a la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- por los
derechos de televisión. La Jueza procura establecer la ruta de los 12 cheques
que año a año, la AFA entrega a los Clubes para pagarles su parte de
los derechos televisivos. También investiga los contratos de las empresas que
son proveedoras del servicio de “Fútbol para Todos”, entre ellas están
“La Corte”, “Farolito International Entertainment”, “Wayson”, “Video 4”, “VTS”,
y “Recordvisión” entre otras.
La
causa Judicial tiene como imputados al Jefe de Gabinete Jorge Capitanich y sus
dos antecesores en el cargo, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, lo
estuvo el Presidente de AFA Julio Grondona hasta su muerte. La investigación de
Servini de Cubria, busca determinar si los funcionarios cometieron malversación
de caudales públicos, entre otros delitos.
Jorge
Capitanich en su habitual “conferencia de prensa” matutina en la Casa de
Gobierno, se apresuró a sostener que “no recibió ninguna
notificación formal desde el punto de vista de la imputación”, tras los
allanamientos realizados en los 25 Clubes de Fútbol.
-Las denuncias a Senadores Nacionales por “sedición”- 28 Senadores Nacionales sobre un total de
72, acordaron “rechazar
el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la
designación de Jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto
finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual, se
elegirá el nuevo Presidente
de la Nación y se renovarán parcialmente ambas Cámaras del Congreso”.
Resolvieron
en consecuencia, con mucho sentido común y las potestades que legítimamente les
otorga ser Senadores de la Nación Argentina, no facilitar el acuerdo para
cubrir la vacante con motivo de la renuncia del Juez Eugenio Raúl Zaffaroni en
el alto Tribunal de Justicia, quieren interpretando quien esto escribe un
acertado criterio, que la designación vacante se haga con el próximo Gobierno.
Los Senadores
que firmaron el compromiso son los Radicales Gerardo Morales (Jujuy); Blanca
Monllau y Oscar Castillo (Catamarca); Ernesto Sanz y Laura Montero (Mendoza);
Eugenio “Nito” Artaza (Corrientes); Marta Borello (Córdoba); Silvia Elías de
Pérez (Tucumán); Mario Cimadevilla (Chubut); Alfredo Martínez (Santa Cruz);
Ángel Rozas (Chaco); Luis Naidenoff (Formosa), y Juan Carlos Marino (La Pampa).
Por el FAP se sumaron Giustiniani (PS-Santa Fe); Jaime Linares (GEN-Buenos
Aires); Luis Juez y Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba); Fernando Solanas
(UNEN-Capital), y Magdalena Odarda (CC-Río Negro). Del Pro: Gabriela Michetti y
Diego Santilli (Capital), y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos). El Interbloque
Federal, que reúne a peronistas disidentes y provinciales, apoyó casi en pleno.
Pusieron su firma Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), Jorge Garramuño
(Mopof-Tierra del Fuego), Graciela Di Perna (PJ-Chubut), Carlos Reutemann
(PJ-Santa Fe) y Juan Carlos Romero (PJ-Salta).
La respuesta del
Gobierno no se hizo esperar, ya que la denuncia que formuló en consecuencia Eduardo
Barcesat a 8 Senadores Nacionales, Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Carlos
Reutemann, Fernando Solanas, Juan Carlos Romero, Gabriela Michetti, Diego
Santilli y Luis Juez, por el supuesto
delito de “sedición”, no podría haberla realizado sin su aprobación.
Conclusión
La corrupción sigue
al hombre como la sombra al cuerpo, necesita de la impunidad para sobrevivir en
un Gobierno que en retirada intenta por cuanto medio tiene, evitar la judicialización
de sus funcionarios.
El Dr. Luis María
Cabral, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
y actual Presidente de la Asociación de ex Magistrados, dijo por estas horas “es
un atropello no respetar la división de poderes, reclama a Capitanich para que
cese en este tipo de actitudes, y demanda el respeto y la no injerencia en el
accionar del Poder Judicial”.
Apenas presentada la
denuncia del Juez Bonadío, el Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich respondió
que el Gobierno no tiene nada que ocultar y que se pone a disposición de la
Justicia.
Ahora, podrá cumplir
con su promesa.
Será Justicia.
Oscar Dufour
Bs. As., Noviembre 22 de 2014.
Gentileza para el InformadorPublico.com
Bs. As., Noviembre 22 de 2014.
Gentileza para el InformadorPublico.com
Siguen los ataques del oficialismo al juez federal que investiga el patrimonio de la Presidente. Seguramente quieren evitar ser investigados Me pregunto ¿Por qué? .Si actuaron ajustado a las normas legales ¿Que temen? Hasta hoy majaron la corrupción a su antojo. Se llevaron las obras publicas y le dinero de los jubilados. Así como las obras que hubiesen evitado esas desastrosas inundaciones. Este puede ser el hilo de una investigación que ya tiene inicio en otros países… La corrupción mata y hay responsables con nombre y apellido…
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